Hacia un nuevo Pacto Social

Por:  F. Stewart

Para ninguno de los que llegan a leer estas líneas podría pasar desapercibido el que nuestro país se encuentra presenciando días en los cuales algunas de las instituciones más significativas del estructurante orden republicano son escenarios donde la corrupción preocupantemente denota tener más que un incipiente afán predatorio, instalándose la sensación de que aquellas funcionan apenas en la medida de lo posible o para quienes es posible gracias a esta espurea simbiosis.

Se suma a ello el notorio aumento de las señales de individuación de las personas, traduciéndose esto en la primacía de los proyectos individuales por sobre los colectivos, en el reinado de las inquietudes relativas a los intereses particulares por sobre los problemas públicos referentes a valores colectivos.

Los esquemas tradicionales en los cuales hemos interactuado desde la recuperación de la democracia, sufren una crisis paradigmática, como diría Thomas Kuhn, develando poca empatía y capacidad para responder las viejas y nuevas demandas, de las cuales los hechos señalados son gotas que provocan el rebalse.

Por fortuna, a la apatía ociosa y al malestar informe que pudieran haber sido consecuencias de lo anterior, por demás de lamentables efectos, habiendo catalizado la incerteza el empuje de fenómenos colectivos modernos,  refundadores de la idea proyecto país,   ha sobrevenido una actitud más bien proactiva y consciente en la cual se hace relevante la problemática de construir una nueva ordenación institucional, en la que valores comunes consensuados y reformulados, no solo se hagan explícitos sino que sean ellos plenamente garantizados en su supremacía, por normas de convivencia dignificadoras del sentido de lo humano, en su vivir y convivir.

Así, se percibe, las demandas ciudadanas – con énfasis y enunciados diversos – concuerdan de modo general en que nuestra sociedad debe allanar caminos para a lo menos una reflexión respecto a la necesidad de establecer un nuevo pacto social, como mecanismo que reconfigure la cohesión ciudadana y la solidaridad social, de tal manera que, al contrario de lo que hoy se registra, el Estado y sus organismos no se desvinculen de la biografía de sus ciudadanos o viceversa.

En general, la teoría política concuerda con matices y acentos diversos en que un pacto o contrato social como constructo, implica un acto deliberativo y fundacional que hace que un grupo de personas pase a constituirse en una colectividad socialmente reunida, conformando y aceptando un poder político del cual se entienden formar parte. [1]

En términos axiológicos, el pacto social se constituye como un conjunto de valores sociales, jurídicos y políticos que desde el pueblo emanan hacia el Estado, sus organismos y agentes, los cuales de ese pueblo son representantes y ante ellos responsables. Implica acuerdos societariamente concordados y convenidos, por lo cual su legitimidad queda definida básicamente más por el proceso que los instituye que por su contenido mismo, teniendo en cuenta los actores congregados, la amplitud de los intereses representados, los mecanismos de mediar conflictos y las herramientas para alcanzar acuerdos. En tal sentido, no es indiferente desde el punto de vista de su aceptabilidad social y recepción cultural, el mecanismo de formación de este contrato [2].  Es por ello que la actual discusión respecto a si este modus operandi se plasma en una Asamblea Constituyente (como se aprecia en el imaginario social) o en un Proceso Constituyente (como se observa en la agenda oficial), implica una diferencia conceptual sutil para el discurso pero con un fondo de extremada consecuencia.

En la esencia de todo pacto social está que todos los actores sociales cumplan un llamado imperativo: sincerar, exponer y someter a la crítica reflexiva intersubjetiva, todos y cada uno de sus intereses particulares, con sus respectivos fundamentos, de modo tal que el espacio público atestigüe un amplio debate social, abierto, transparente  (apartado por demás de la soterrada intencionalidad del lobbismo), en el cual el más amplio espectro de agentes societales, individuales y colectivos, puedan finalmente establecer un diálogo horizontal, sin prebendas ni torceduras.

En tal sentido, la institución política, primera llamada a recoger y tramitar sin dilaciones el sentir del pueblo que le ha conferido el poder, misma que paradojalmente ha ido perdiendo su autoridad vinculante, crisis de representatividad mediante, debe consentir que en esta época globalizada y multicultural, escapan a su ámbito de competencia y al rol que pretenden reclamar, muchas de las expresiones que contienen las alternativas al paradigma imperante (otra vez acudimos a Kuhn) y recorren caminos que al político tradicional no les son conocidos o cuando menos cómodos o convenientes.

En este aspecto, una de las diferencias notables con los pactos sociales de antaño: la representación de creencias, valores y otras manifestaciones de la culturalidad humana, aquel maravilloso complejo de modos que dan identidad, pertenencia y trascendencia, no logra ser cubierta a través de las instancias políticas tradicionales.

Es época de las modernas formas de participación y representatividad que intentan, como el ser que nace, abrirse paso a la Asamblea y con su subjetividad vital ganarle espacio a la naturalizada expresión de un orden de cosas en que las reformas parecieran gatopardas y cuando no lo son, para mala fortuna, quedan rezagadas ante la mediatización de las malas prácticas que copan la tematización de los medios de comunicación, más por espectacularidad e incluso faranduralización, que por magnitud positiva, hay que decirlo.

Otro elemento de suyo novedoso, relevante y distintivo en estos pactos sociales modernos, especialmente en nuestro contexto, es la necesidad de reconfigurar un Estado que, en palabras de Luigi Ferrajoli, “se presenta débil frente a los poderes económicos (u otros fácticos, añadimos) y  fuerte en relación a los débiles y marginados” [3], situación que ocuparía importante lugar en la génesis de la desconfianza que amplios sectores ciudadanos pueden manifestar hacia la intencionalidad cierta en cuanto a la gestación de este renovado acuerdo de convivencia social.

Lo anterior marca de manera patente el que el consenso social que dé  forma al pacto de reemplazo, debe contener no solo la dimensión política, como antaño se disponía, sino que es menester además incorporar a la tabla tanto la arista económica (más allá de las condiciones en las cuales el crecimiento genere a la vez equidad social y desarrollo humano, o derechamente, las vinculaciones admisibles entre política y poder económico), como las subjetividades que modelan las identidades valóricas diversas del conjunto social.

Con todo, el problema principal pareciera ser no el recabar la opinión generalizada que implora la necesidad de emprender el camino constituyente, sino que lo crucial se encuentra radicado en  la definición de los objetivos, los contenidos básicos y las orientaciones valóricas esenciales, sin entrar todavía en las estrategias y modalidades puntuales que logren garantizar lo expresado. [4] Respecto a ello, apreciamos algunas orientaciones respecto a los valores cardinales que debieran inspirar fundacionalmente este nuevo pacto, quedando eso sí siempre la duda planteada, al igual que la del huevo o la gallina, respecto a si el cambio social debe anteceder al cambio institucional o viceversa.

Estos preceptos se identifican con los del Humanismo Laico, los cuales quizás pudiéramos resumir en cinco postulados: 1. Concepción Antropocéntrica,  2. Humanismo Científico,  3. Actitud Meliorista, 4. Eclecticismo y,  5. Aspiración a una Moral Universal. [5]

En base a lo anterior, pensamos, una Ética de Principios Compartidos podría ser la fuente material que diera legitimidad y autoridad a este nuevo pacto el cual, capaz de recoger las trasformaciones culturales y sociales, se transforme definitivamente en la guía de un país equitativo de hombres justos.

En nosotros está promover que la justicia y la dicha humana sean bases de la convivencia social. Estamos ad portas de un proceso en el cual los hechos funestos que todos lamentamos han sido vitales para abrir un espacio de infinita potencialidad para instalar una consigna de cambio y esperanza en el diario vivir de nuestros congéneres. Seamos portadores de condiciones y contenidos para que este acuerdo social que pareciera ser inminente, sepulte por siempre los vicios que corroen el desarrollo integral del ser humano.

Que lo extraño en lo normal sea siempre causa de asombro y que la conciencia de nuestras obligaciones para con el prójimo nos haga sujetos éticamente responsables, encarando los desafíos que la tierra en la que vivimos y convivimos nos depara para que el pacto social que se avecine lleve la firma indeleble de los principios de una sociedad humanista y universal.

---

[1] CARRASCO, E. (2011), “La idea de pacto social en Chile. Hacia los albores de un pacto y de una nueva Constitución”, CISMA, Revista del Centro Telúrico de Investigaciones Teóricas. N º 1. 2º semestre. 1-44.
[2] TEDESCO, J. (2010), “Diez notas sobre el pacto social y educativo”, Avances en Supervisión Educativa, Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España, Nº 12.
[3] RODRÍGUEZ, J. (2015), “¿Por qué es necesario un nuevo pacto social?”, Universidad San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala.[4] TEDESCO, op. cit.
[5] CAMPOS M. y otros (2015). "Aborto, Eugenesia, Eutanasia y la libertad individual. Objeción de conciencia o idea", Corporación Cultural Occidente, Santiago.